Están los principios de mérito y capacidad… y está el principio de rapidez. En la Constitución se consagran los dos primeros cuando se habla del acceso al empleo público. Ni rastro del tercero.

El Sector Autonómico de la FSC-A de CCOO denuncia que, según la Instrucción 1/2021, por la que se establecen los criterios de ordenación general para la gestión de candidaturas en ofertas registradas en el sistema de intermediación laboral y se modifica el procedimiento para la gestión de las ofertas públicas de empleo, el SAE usa como criterio determinante la rapidez con la que la persona se inscriba en la oferta de empleo difundida.

El controvertido criterio de la rapidez en la inscripción en una oferta de empleo ya fue utilizado en las convocatorias de selección de empleo público de personal interino y laboral temporal en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, hecho que fue denunciado por este sindicato ante el TSJA, dándonos la razón y obligando a la Junta a modificar el procedimiento.

El SAE retoma ahora su uso dentro de los criterios generales de ordenación de las candidaturas más idóneas para las ofertas de empleo público con difusión gestionadas por sus Oficinas de Empleo. Este nuevo criterio aparece maquillado en la Instrucción 1/2021 del SAE, situándolo en tercer lugar dentro de los criterios generales de aplicación para la selección de candidatos. Pese a su orden aparentemente irrelevante, es señalado por los propios gestores de las ofertas como el determinante para seleccionar al candidato que se inscriba en una oferta pública.

Entendemos que la Instrucción confunde la pretendida proactividad de los/as demandantes de empleo con la rapidez en la inscripción en la oferta, convirtiéndose esta última en el criterio fundamental para la selección.

Recordemos que la Junta de Andalucía se vio obligada a modificar, tras el Auto del TSJA que dió la razón a CCOO, el procedimiento de emergencia para la selección de personal interino y laboral temporal en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En dicho Auto, fechado el 1/12/2020, el TSJA suspendió,  a instancias de CCOO, una convocatoria efectuada por procedimiento de emergencia, cuestionando que no hubiese más “mérito y criterio de selección que tener la fortuna de que la solicitud tenga entrada antes de que se adjudiquen las plazas que se ofertan”, y entendiendo que se contrarían así los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Esta última modificación en el procedimiento de emergencia ha introducido la participación del SAE en la gestión de estas ofertas de empleo, en el caso de que, tras acudir a las bolsas de trabajo y listas de sustituciones correspondientes, no se consigan suficientes candidaturas.

La Instrucción 1/2021 del SAE se adapta a dicha modificación en cuanto a la regulación que hace (en su apartado tercero) de la gestión de las ofertas públicas de empleo NO acogidas a programas, iniciativas o planes de empleo con definición de colectivos específicos, prioritarios o preferentes, que podrán ser de “URGENTE COBERTURA”.

En el preámbulo de dicha Instrucción se nos dice que “Actualmente, el Servicio Andaluz de Empleo está inmerso en un proceso de cambio en el modelo de intermediación que hace necesaria la revisión de los criterios generales de ordenación, incorporando criterios que contribuyan a seleccionar las candidaturas más idóneas para el puesto ofertado y que valoren la proactividad de las personas demandantes de empleo.”

Para las citadas ofertas públicas de empleo, indica que, una vez “finalizado el plazo de difusión, las candidaturas incorporadas a la oferta se ordenan automáticamente, atendiendo a los criterios generales que se aplican a las ofertas de empleo gestionadas con difusión establecidos en la Instrucción 1/2021 de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo.”

Es decir, se aplican los criterios en este orden:

  1. Evaluación de criterios valorables
  2. Disponibilidad
  3. Orden de inscripción en la oferta

Realmente lo que se está haciendo es camuflar (bajo ese pretendido cambio de modelo de intermediación) el uso determinante  del tercer criterio, que al final es el que va a resultar decisivo, ya que en el 95 % de los casos, con esos dos primeros “filtros” no se consigue excluir o cribar a ninguna candidatura, lo que conduce al desempate mediante el criterio de rapidez en la inscripción.

Si analizamos dichos criterios nos encontramos con que:

1. Para que el demandante se pueda inscribir debe cumplir todos y cada uno de los requisitos de la oferta, de otra manera no se le permite la inscripción. Por tanto la aplicación de este criterio resulta inútil en ofertas de empleo públicas en las que no se exige más que la titulación requerida para el desempeño del puesto, y ninguna experiencia.

2. La disponibilidad por defecto en todas las demandas de empleo es el 100% y solo baja por rechazos de ofertas, normalmente en tramos del 20%, recuperando el 100% si hay una nueva inscripción como demandante y se demuestra interés ante el gestor de demanda por encontrar un empleo. Por tanto este aspecto tampoco va a ser significativo ni relevante  en la selección.

3. El orden de inscripción puro y duro vuelve a anteponerse a criterios más sociales y justos en el acceso al empleo público, eliminando otros mantenidos hasta ahora, como el tiempo de inscripción como demandante de empleo y el tiempo inscrito como demandante en la ocupación ofertada. En ausencia de una definición más amplia y adecuada del perfil de la oferta (asunto sobre el que se podría abrir un debate jurídico), entendemos que se podrían considerar como preferentes colectivos tales como desempleados de larga duración, personas en riesgo de exclusión… y/o establecer un cupo de candidaturas de personas con discapacidad.

De la misma manera, estos criterios generales de ordenación de candidaturas se aplicarán a otros tipos de ofertas de empleo que se difundan por el SAE, en las que puede que los criterios valorables del primer apartado sean varios, y más específicos y definitorios, o no, con lo que nos encontraremos también ante la misma situación que denunciamos.

En todo caso, el hecho de que el orden establecido en base a ese tercer criterio sea el determinante para ser o no incluido/a en una oferta de empleo público, es decir, el criterio de rapidez, supone que la Junta de Andalucía va a volver a vulnerar los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al empleo público cada vez que se gestione una oferta de esta manera, hecho que CCOO, a su vez, va a volver a denunciar en los ámbitos correspondientes.


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